miércoles, 27 de enero de 2010

ORDENANZA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIAL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
MUNICIPIO MIRANDA
CONCEJO MUNICIPAL












GACETA MUNICIPAL
(EXTRAORDINARIA)







AÑO: XXVI No. 6

FECHA 30 DE DICIMBRE DE 2009

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA
El CONCEJO DEL MUNICIPIO Miranda


En uso de sus facultades legales, sanciona la siguiente:


PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE LA ORDENANZA DE IMPUESTO SOBRE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO ZULIA

Exposición de Motivos

El “Impuesto sobre Propaganda y Publicidad Comercial” se encuentra asignado a los Municipios a partir de la reforma parcial de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, ocurrida en 1989. Antes de esa fecha, tal tributo no era de la competencia municipal, aunque tampoco había sido creado por el Poder Nacional a favor de los Estados o la Nación.

La denominación del tributo ha sido la misma desde que se lo asignó a los Municipios en la ley de 1989 y de hecho, así lo identifica ahora la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 179.2. También, como es lógico, esa misma denominación le otorga la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sancionada en el 2005. Dada su denominación, es posible que la fuente de inspiración del legislador de 1989 haya sido el impuesto municipal español sobre publicidad, que quedó abolido por la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales españolas. Ese impuesto recaía sobre la publicidad instalada o efectuada en el dominio público municipal o perceptible desde el mismo. Esta condición relativa a la vinculación con el dominio público municipal para la causación del impuesto también ha sido contemplada en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Por esa razón, no pueden ser gravadas con este impuesto las manifestaciones publicitarias que existan dentro de locales, privados o públicos, sea cual sea su naturaleza (comercial, religiosa, educativa, etc).

Como se observa, en la denominación del impuesto español no se incluía la palabra “propaganda”. Tal vez eso se debía a que a esa palabra, en el ambiente publicitario, se le da una connotación diferente a la de publicidad comercial y se la asimila a difusión de un pensamiento político. Sin embrago, según el Diccionario de la Lengua Española, de la Real academia, “propagada” significa “(…)3. Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. 4. Textos, trabajos y medios empleados para ese fin”. Por su parte “publicidad” significa “(…)3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posible compradores, espectadores, usuarios, etc.” De manera pues que, gramaticalmente, los vocablos “propaganda” y “publicidad” pueden ser considerados sinónimos y así se los considera a los fines del respectivo impuesto, en el ordenamiento jurídico venezolano, debiéndose resaltar el carácter “comercial” que debe estar presente en la publicidad o propaganda, a los fines de que sea posible la causación del gravamen.

Ahora bien, desde su entrada en vigencia en nuestro país, este tributo tuvo una regulación errática, que variaba considerablemente de ordenanza en ordenanza, de municipio en municipio. De hecho, ni siquiera existía uniformidad de criterio respecto de quién debía ser tenido como contribuyente de este impuesto, previéndose en algunas Ordenanzas que el contribuyente sería la agencia que comercializa la publicidad como un servicio, como es el caso de la vigente Ordenanza sobre Propaganda y Publicidad Comercial del Municipio Sucre del Estado Miranda (2001), así como de la Ordenanza sobre Propaganda y Publicidad Comercial del Municipio Chacao del Estado Miranda (2004), mientras que en otras se consagraba como contribuyente al anunciante del bien o servicio promocionado. En algunas ordenanzas incluso ni siquiera quedaba definido quién era el contribuyente y quienes, sin tener el carácter de contribuyentes, eran los responsables caso de la Ordenanza sobre Propaganda y Publicidad Comercial del Municipio Maracaibo del Estado Zulia de 1998, con lo cual la efectiva recaudación del impuesto se hacía jurídicamente imposible.

Asimismo, no había claridad en torno a cuál era el hecho generador de este impuesto. En algunos casos se lo llegó a definir como el ejercicio de la actividad publicitaria desplegada por las empresas dedicadas a tal fin, confundiéndose así este tributo con el impuesto denominado “patente de industria y comercio”, mejor denominado por la Constitución de 1999, como “impuesto sobre actividades económicas”.

Estas circunstancias sin duda fueron las que impulsaron al legislador de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sancionada en el año 2005, a entrar a regular este tributo municipal en sus aspectos más básicos. Como consecuencia, es menester que los nuevos ordenamientos jurídicos locales se adapten a esa normativa básica, lo cual todavía no ha ocurrido en la generalidad de los Municipios del país.

Adicionalmente, se desea establecer regulaciones para la instalación de avisos publicitarios, que se correspondan con el ordenamiento urbano local y que obedezcan a criterios de seguridad vial, ornato y en definitiva la contaminación visual y ambiental, además de establecer las sanciones a que están sujetos quienes no cumplan con esas reglas.

Es por todo lo anterior que el Concejo Municipal del Municipio Miranda del Estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales, sanciona la siguiente: